El reciente incremento a la tarifa del transporte público en Sinaloa no ha solucionado los problemas estructurales del sistema, ya que continúan las deficiencias en el servicio, así como condiciones laborales precarias para los choferes, señalaron operadores y usuarios.
Desde el pasado 2 de abril, el costo del pasaje urbano aumentó a 15 pesos en unidades con aire acondicionado y a 13 pesos en camiones sin este servicio, luego de casi cuatro años sin ajustes tarifarios. Aunque autoridades estatales justificaron el incremento por el alza en los costos de operación, como el precio del diésel y la inflación, además de compromisos de mejora por parte de concesionarios, en la práctica estos cambios no se han reflejado en la calidad del servicio.
Choferes del transporte urbano advirtieron que el aumento no impacta directamente en sus ingresos, ya que la mayoría trabaja bajo un esquema de comisiones, lo que limita sus percepciones económicas. Incluso, en rutas con alta demanda estudiantil —donde predomina la tarifa preferencial de 3.50 pesos—, sus ganancias pueden ser mínimas. A esto se suman condiciones laborales irregulares, como largas jornadas de trabajo, falta de prestaciones y ausencia de seguridad social en muchos casos, lo que repercute también en la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios.
Por su parte, usuarios han manifestado inconformidad ante el aumento, al considerar que no corresponde con el estado de las unidades ni con la eficiencia del sistema. Entre las principales quejas destacan camiones en malas condiciones, fallas en el aire acondicionado, largos tiempos de espera y falta de orden en las rutas.
Además, especialistas y operadores coinciden en que el problema del transporte público en la entidad es estructural, por lo que no puede resolverse únicamente con incrementos en la tarifa, sino que requiere una reestructuración integral del sistema. Incluso, ciudadanos han señalado que antes de aplicar cualquier aumento, se deben garantizar condiciones dignas en las unidades, mayor cobertura, accesibilidad para personas con discapacidad y mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
En este contexto, el alza al transporte público continúa generando debate entre autoridades, concesionarios y usuarios, sin que hasta el momento se perciban mejoras sustanciales en el servicio.