La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que, aunque no existe evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la mariguana en los índices de violencia delictiva, lo que sí ocurrirá una vez que se apruebe la iniciativa de ley que se discute en el Congreso de la Unión, es que la regulación beneficiará directamente a trabajadores del campo que hoy son amenazados por los grupos del narcotráfico para producir drogas ilegales.
Al participar de forma virtual en el foro ‘Política de drogas, Acuerdo de Paz y Derechos Humanos’, organizado por el Congreso de Colombia, la funcionaria contó la experiencia mexicana y la regulación que está en marcha para el uso medicinal y lúdico de la mariguana y sus efectos en la sociedad.
“Sin embargo, de lo que no tengo duda es que la regulación quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios rurales, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado o no organizado para presionar, extorsionar o someter a la violencia a los productores del campo, que tradicionalmente han sido victimizados y revictimizados por el hecho de sembrar y producir la cannabis o el cannabis”, subrayó.
Dejó en claro su visión como impartidora de justicia por más de 25 años de buscar condiciones que permitan garantizar de manera eficaz y eficiente los derechos fundamentales de toda la población.