La Comisión de Puntos constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la reforma que establece los requisitos necesarios para poder ser candidato a un puesto de elección popular, estableciendo como obligatorio no aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Moros y no haber sido condenado por delitos de violencia en razón de género.
La reforma nació por iniciativas presentadas por diputadas y diputados quienes preocupados por la población deseaban asegurarse de que quiénes aspiren a una candidatura estén limpios es ese aspecto, así como también asegurarse de que las personas postuladas sean libres de violencia política una vez en el proceso.