La propuesta, presentada en abril, permitiría que presuntos delincuentes fueran extraditados a China continental.
Inmediatamente después de ser presentado, el proyecto de ley generó críticas de los opositores, que argumentaron que socavaría las libertades legales de Hong Kong y que podría usarse para intimidar o silenciar a los críticos de Pekín.
Como respuesta, el gobierno de Hong Kong decidió en junio, pero la retirada total del proyecto era una de las principales demandas de los manifestantes.
Hong Kong se encuentra en su decimocuarta semana consecutiva de manifestaciones, cuyos participantes también piden derechos democráticos plenos.
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