El juez de control en un tono agresivo le dijo al abogado: “No voy a permitir que tramposamente intente diferir la audiencia por un coimputado de quien además no quiere revelar el nombre, no se lo voy a permitir”.
No obstante, Fiscales de la FGR revelaron que fue Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles quien solicitó el amparo ante un juez de Chiapas.
Tras este alegato, el juez decreto que la ASF si esta facultada para formar parte de la investigación, porque forma parte de la Cámara de Diputados y esta a su vez es la revisora de la cuenta publica, “por lo que la ASF sin tiene facultad para formar parte de la investigación”.
Al formular la imputación a Rosario Robles, los fiscales señalaron que servidores públicos bajo su cargo, celebraron 27 convenios con universidades del país y radiodifusoras y ella supo de estos contratos, solicitudes de pago y autorizaciones, sabiendo que esto afectaría la hacienda publica.
Señalaron que en su calidad de secretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu, permitió que los contratos se realizaran sin licitación publica,, no verificaron que tuvieran la capacidad necesaria para llevara a cabo las tareas que se les encomendó, y en casi todos los casos no existió documentación que respaldara los contratos y que los servicios se hubieran prestado.
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